Periodismo Humano

Abu Hamid, con pantalón militar, y Abu Leila comprueban la munición. (Mónica G. Prieto(

RIF HOMS.- Hasta la llegada de el checheno, la sala se había convertido en una improvisada competición de egos y furor guerrero. El primero en contar su historia había sido Al Baghdadi, un joven que no aparenta más de 25 años y que se vangloria de haber “combatido contra los invasores en Irak, de Bagdad a Nayaf y Faluya, y después contra los israelíes en el Líbano”. Su expresión triunfal se desvanece cuando se retiró la visera de la frente, mostrando una zona de cráneo donde el pelo le ha dejado de crecer. “Esto es de [la prisión iraquí de] Abu Ghraib. Es lo que me traje de recuerdo de las torturas”. Entonces sus compañeros del Ejército Libre de Siria, organización que hoy en día suma a todos los grupos armados que combaten al régimen de Damasco, le animan. “Vamos, Baghdadi, que eres un valiente”. Uno de ellos apostilla: “Sí, pero desde lo que le ocurrió en Abu Ghraib, siempre anda nervioso”.

La llegada del sheikh, un hombre bajo, rechoncho y con una poblada barba, cambia el humor de la sala. Un respeto intimidatorio se impone y todos se levantan para saludarle, a él y a sus acompañantes, fuertemente armados, antes de formar en las alfombras para celebrar una oración en la que toman parte la gran mayoría de los presentes. Sólo cuatro hombres se quedan sentados en el suelo y recostados contra la pared, exhalando volutas de humo con expresión ausente, mientras la voz de sheikh resuena en la sala.

Pero ni la aparición del sheikh con su armamento puede competir con la presentación, media hora después, de el checheno, un individuo que luce las holgadas ropas negras que suelen vestir los combatientes caucásicos, así como los compactos rizos en el largo pelo negro, cubierto por un taqiyah (birrete típico musulmán), y la barba larga e hirsuta que tanto recuerda a señores de la guerra como Ibn al Jattab o Shamil Basayev, líderes de los muyahidin chechenos. Cuando se le inquiere si combatió en la república caucásica, el checheno se pierde en risas y justificaciones en árabe, jaleado por sus colegas. No responde al ruso, pero eso no significa que no lo comprenda.

Combatientes de Abu Leila, en una posición militar de Homs. (Mónica G. Prieto)

La conversación transcurre en una posición militar del Ejército Libre de Siria en algún punto de la provincia de Homs. Pese a la tensión bélica, el ambiente es distendido: media docena de hombres, algunos vestidos de civil y otros con uniformes militares, fuman y charlan sobre la revolución con la recién llegada. Algunos rechazan estrecharle la mano, símbolo de rectitud religiosa en el Islam antes infrecuente en Siria, donde durante los 40 años de dictadura del Baaz la religión ha sido un ente invisible que se ejercía de puertas para dentro, ya que la exteriorización de cualquier tipo de fervor religioso entre los suníes implicaba una asociación a los Hermanos Musulmanes y acarreaba consecuencias que podían incluir ser ejecutado por ello.

La presencia de clérigos entre las filas de las milicias armadas confirma que la religión se impone como un nuevo factor en el alzamiento, si bien no representa el espíritu que llevó a la población a levantarse. Desde el inicio de la revolución, secular y reformista en sus orígenes, los crímenes sectarios y la propaganda del régimen han generado un rencor entre la minoría alauí –que ostenta el poder y ahora se ve amenazada- y la mayoría suní –a la que se tildó de terrorista por participar en las manifestaciones- que corrompe los valores originales del levantamiento.

En pocos meses, la revolución corre el riesgo de transformarse en un conflicto sectario. La llegada de combatientes de otros países musulmanes, si bien minoritaria según los sheikhs y jefes del ELS entrevistados, es un hecho y la progresiva islamización de los desertores es otra realidad fácil de observar en los checkpoints del Ejército Libre de Siria, antes casi exclusivamente manejados por uniformados y ahora controlados por más civiles que militares desertores, algunos ataviados con bandanas en la frente con la shahada -demostración de fe islámica, No hay más Dios que Alá y Mohamed es su Profeta- o vestidos con shalwar kemiz, la ropa tradicional centroasiática consistente en camisola y pantalones bombacho que popularizaron los muyahidin afganos. Antes eran prendas insólitas en Siria.

Un clérigo suní, en una posición militar de la provincia de Homs. (Mónica G. Prieto)

La presencia de clérigos es común ahora en las posiciones militares, y también la de jefes de milicias con profundas convicciones religiosas a cargo de la instrucción islámica y militar de sus hombres. Abu Leila, licenciado en Economía, poeta y estudioso de la lengua árabe y la religión islámica de 28 años, ha elegido para su brigada –compuesta por 200 hombres y peresente en toda la región de Homs- el nombre de Katiba al Khadraa, las Brigadas Verdes, por sus connotaciones islámicas.Una treintena de individuos, en su mayoría barbudos, exhiben en las frentes y gorras tiras de tela negra con la shahada. Rechazan estrechar la mano a una mujer, pero la moderación de su discurso contrasta con el de cualquier grupo islamista de la región.

“La religión es lo más importante para nosotros, no sólo en la revolución sino en nuestra vida cotidiana”, explica Abu Leila, tocado con una kefiyah, el tradicional pañuelo ajedrezado rojo y blanco. “Pero la verdadera religión, no la que sale en televisión. Lo único que buscamos es paz y dignidad”.

Abu Leila admite que la religión ha encontrado en la revolución y la represión del régimen el ambiente ideal para desarrollarse, y no sólo entre las filas de los combatientes, sino también de la sociedad. “Ahora la población es más religiosa porque se siente abandonada por todos y busca la protección de Dios. Ahora más gente acude a las mezquitas, más se dejan crecer la barba. El régimen y su persecución contra los suníes ha tenido mucho que ver en este auge del Islam”, explica el líder de las Brigadas Verdes. “Pero eso no quiere decir que queramos a los salafistas o a los Hermanos Musulmanes, que no existen sobre el terreno. Lo que queremos es tener la libertad de ir a la mezquita cuando lo deseemos”.

Abu Leila, durante la entrevista con Periodismo Humano. (Mónica G. Prieto)

El sheikh Abu Baqr, clérigo de Baba Amr que no tardó en sumarse a las filas del Ejército Libre de Siria, se expresa en el mismo sentido. “Este es un buen momento para que los clérigos demos formación religiosa y espiritual a los combatientes”, asevera en otra posición militar situada cerca de Quseir, rodeado de ocho voluntarios civiles y tres desertores del ELS. El que ostenta mayor cargo es el capitán Abu Omar, quien fuera uno de los responsables del ELS en Baba Amr. “Es obvio que la revolución es ahora más religiosa. La atmósfera de libertad se puede notar, y eso hace que la gente pueda expresarse con libertad, también en lo que respecta a su religión”, alega el joven clérigo, que no aparenta más de 25 años.

Abu Baqr defiende que su presencia no significa que sea uno más, sino más bien un combatiente independiente consejero en cuestiones religiosas. “Al principio hacía mi revolución desde la mezquita, pero sobre el mes de octubre decidí tomar las amras. Según el Islam, los predicadores debemos estar en la primera línea para ayudar a tomar las decisiones correctas. Hay mucho riesgo de que los combatientes comiencen a matar por motivos sectarios, y hay que prevenir la fitna”, término que se refiere a la guerra intermusulmana. El clérigo es tajante en lo que se refiere a la posibilidad de que la revolución democrática se transforme en una guerra sectaria. “No queremos una revolución islámica, no queremos a los salafistas ni a los Hermanos Musulmanes”, dice con pausas, consciente de la atención que suscitan sus palabras entre los combatientes que comparten con él té humeante en el paupérrimo chamizo donde se protegen de la lluvia. “Debemos mantener la religión lejos de la revolución, y preparar a una generación de buenos musulmanes”, defiende Abu Baqr.

Los argumentos de ambos recuerdan al Irak del 2003 cuando, tras la invasión, el riesgo de confrontación sectaria, animado por los rencores de la mayoría chií hacia la minoría suní liderada por Sadam Husein que se había privilegiado durante décadas, crecía. Entonces los líderes de ambas partes rechazaban tajantemente la posibilidad de combatir entre ellos. Lo terminarían haciendo gracias a las divisiones creadas por Estados Unidos y a los atentados indiscriminados, muchos de ellos reivindicados por Al Qaeda, destinados a generar el odio entre ambas comunidades. El mismo factor que comienza a aparecer ahora en la Siria del vacío político, la violencia y la inestabilidad.

“Al Qaeda entrará tarde o temprano” en Siria, considera Abu Baqr. “Habrá diferentes versiones de Al Qaeda, matarán a otros musulmanes e intentarán fomentar el conflicto sectario. Pero les combatiremos espiritualmente”. Los últimos atentados en suelo sirio han sido reivindicados por el Frente Al Nousra, un grupúsculo extremista de reciente aparición aparentemente vinculado con Al Qaeda. Lo más preocupante es el llamamiento de Ayman al Zawahiri, heredero de Bin Laden, a entrar en Siria.

Abu Leila explica abiertamente que él hizo la yihad en Irak contra la ocupación. Otros de sus hombres admiten haber vivido la misma experiencia. Pero, para ellos, la actual situación en Siria no es una yihad, sino una agresión contra su comunidad. “Desde el principio de la revolución, las minorías sirias eligieron quedarse al margen. Los suníes nos mantuvimos firmes, y por eso nos agredieron. Y si me agreden, me tengo que defender porque me obliga mi religión”, alega.

Gracias a su experiencia en Irak, el líder de las Katiba al Khadraa sabe bien el riesgo que implica una eventual entrada de Al Qaeda en el tablero de juego sirio. “Por supuesto que nos da miedo que se introduzca en el país. Si lo hacen, tendremos que combatirlos como combatimos ahora contra el régimen, porque no necesitamos a nadie que nos importe su religión”. Afirma que ya ha habido casos de combatientes que han ofrecido dinero a cambio de luchar entre sus filas, ofrecimiento que ellos, afirma, declinan amablemente. Ahora bien, distingue entre los voluntarios ajenos a Siria y otros como iraquíes o libaneses. “¿Por qué tendría que llamarles extranjeros, si somos hermanos? Fueron los británicos y los franceses quienes rediseñaron nuestras fronteras separándonos. Son nuestros hermanos y no vienen desde fuera, sino desde dentro. Son escasos pero vienen, y son bienvenidos”.

Milicianos civiles en coches del Ejército Libre de Siria, en Homs. (Mónica G. Prieto)

En una reciente entrevista con la BBC en árabe, el opositor sirio Haytham Manna admitía la presencia de no sirios entre las filas de los grupos armados. “Los grupos yihadistas que han combatido desde Afganistán hasta Bosnia constituye un gran peligro para nosotros. Para su información, puedo compartir los nombres de tres miembros del ELS que han sido asesinados a manos de combatientes árabes no sirios”.

Abu Baqr admite haber recibido siete ofertas de ayuda. “No pude aceptarlas porque el Islam sirio es moderado, y no se puede exportar aquí el modelo de Irak o Afganistán”. Sin embargo, es vox populi el hecho de que cada vez más combatientes llegan desde el exterior, especialmente desde Irak, Libia y Líbano, para ayudar a los suníes. El caso más reciente es el de Abdel Ghani Jawhar, un líder de Fatah al Islam, grupo extremista suní libanés cuya ideología se aproxima peligrosamente a la de Al Qaeda: pereció mientras montaba un explosivo en la localidad de Quseir hace unas semanas. Las autoridades libanesas estiman que Jawhar entró en Siria junto a otros 30 libaneses a principios de abril. No lo hicieron bajo la bandera de ningún grupo, pero se describían a sí mismos como muyahidin, o combatientes santos.

Abu Leila –no tiene hijos, pero se autoasignó el patronímico eligiendo cuidadosamente el nombre de Leila, que significa el que se hace a sí mismo- reconoce que los sentimientos religiosos se están extendiendo en una revolución que comenzó siendo secular y democrática. Y eso, en su opinión, les da fuerzas. “No tenemos entrenamiento pero tenemos principios. Y sobre todo, no tenemos miedo a la muerte. Me gusta vivir, disfruto de la vida, pero si sólo se me permite elegir entre ser un esclavo y morir, eligiré morir mil veces”, dice Abu Leila tras reflexionar unos segundos.

Los hombres de Abu Leila, en la provincia de Homs. (Mónica G. Prieto)

Sin embargo, el joven economista transformado en líder de milicia –que ha perdido en esta revolución a 13 familiares, incluyendo a sus ancianos padres, tiroteados por adeptos al régimen- no coopera con otras facciones dependiendo de sus convicciones religiosas. “No nos aliamos por religión sino por principios”, dice. “Antes trabajábamos todos juntos, pero ahora nos hemos reorganizado en pequeños grupos”. Pregunto si cuenta con financiación del extranjero y lo niega ofendido. “¿Quién quiere que nos ayude, América Saudí?”, dice en un juego de palabras que denosta el régimen wahabi, habitual fuente de financiación de grupos extremistas suníes. “En mi brigada cada uno se paga sus armas”.

Sin embargo, Abu Leila deja claro que no desea para Siria un estado islámico. “Me da igual que después de la revolución venga un Estado laico o uno religioso. Sólo quiero que, sea cual sea, nos devuelva nuestra libertad para ejercer nuestra religión. Sólo quiero recuperar mis derechos, ser libre para ir a la mezquita o para nombrar a Ala”.

De ser cierta, la moderación que propugnan los clérigos podría influir positivamente en sus hombres, especialmente en un contexto donde el sectarismo exacerba los peores instintos. Cada vez más desertores y civiles que han tomado las armas acusan a las Brigadas Farouk, una de las facciones del ELS y muy fuertes en Homs, de “estar compuestas de salafistas” con tono de reproche, y cada vez más activistas lamentan en voz alta estar perdiendo la revolución por culpa de las acciones de unos pocos fanáticos.

Una mezquita, dañada por los bombardeos contra Quseir. (Mónica G. Prieto)

“Que no se engañe nadie: esto no es una revolución, es una guerra entre suníes y alauíes”, dice con rotundidad Mofaz, un joven desertor, antes de explicar una batalla entre milicianos anti Assad y shabiha (milicia suní) acontecida en Quseir, frente a una mezquita donde los alauíes tomaron posiciones. “Desde el 1 de febrero, esto es una guerra civil. Hemos perdido la revolución”, se lamenta Khaled, un activista de Baba Amr que lleva implicado en la insurrección contra la dictadura desde el principio, hace más de un año, y que, tras la caída de Homs y el crecimiento de los movimientos armados, parece sumido en el pesimismo.

El auge del sentimiento religioso no representa a los cientos de miles de ciudadanos, de toda clase y condición, que se sumaron a las manifestaciones y que siguen arriesgando sus vidas para exigir libertad en las calles. Pero, a su juicio, es un riesgo innegable para la revolución. “Todo empezó con un propósito impecable, libertad de expresión, democracia, igualdad… Ahora todo ha cambiado. Es una guerra de venganza. Los alauíes se van a llevar la peor parte. No lo podemos parar, ahora más del 40% del ELS son civiles armados y están deseando vengarse, y lo harán en los alauíes”, continua este activista de Homs.

Aunque los insurrectos lo nieguen, la presencia de Al Qaeda en Siria parece un hecho. “Los últimos atentados llevan sus huellas digitales”, deplora Khaled. “Al Qaeda va a encontrar un paraíso aquí, si no lo está haciendo ya. Necesitamos una investigación que aclare quién está provocando estos atentados, porque no benefician a los sirios. Algunos, no me cabe duda, fueron organizados por el régimen pero otros parecen cometidos por Al Qaeda”, prosigue el activista. “¿Quién los ha traído aquí? El vacío político, el régimen. Que Bashar va a caer es cuestión de tiempo, pero el problema es qué nos espera después. No va a ser democracia, será Bosnia. Todos, desde Irán a Israel, desde Al Qaeda hasta Estados Unidos, buscan la inestabilidad de Siria. Nos preparamos para convertirnos en Bosnia y nadie nos ayuda a evitarlo”.

Mexico. (AP foto/Alexandre Meneghini)

Mujeres que participaron en la “Marcha de la Dignidad Nacional: Madres buscando a sus hijas e hijos y demandando justicia”, relataron diversos episodios violentos de los que han sido víctimas ellas y sus familias, después de concluir el 10 de este mes En Ciudad de México su movilización por varios estados del país.

Emma Muñoz contó que el 19 de junio de 2011, al estar toda la familia reunida en la casa de los abuelos, en el municipio de Cuauhtémoc, en el norteño estado de Chihuahua, policías municipales y federales irrumpieron el domicilio para llevarse a su esposo, a cuatro de sus hijos, un nieto, un sobrino y a su yerno. Hasta ahora no se sabe nada de ellos. Las y los familiares han identificado a tres de los policías municipales que se llevaron a las ocho personas. Sin embargo, los agentes continúan en funciones.

Entre los desaparecidos están: Toribio Jaime Muñoz –de 61 años y esposo de Emma Muñoz–, y sus hijos Óscar, de 38 años; Jaime (33); Guadalupe (37), y Hugo (31), los cuatro de apellidos Muñoz Veleta.

También fueron secuestrados Luis Romo Muñoz, de 21 años y sobrino de Emma Muños, y su yerno Nemesio Solís González, de 41 años y empleado de ferrocarril. Toribio Muñoz es ferrocarrilero jubilado. Óscar y Guadalupe trabajaban en Concretos de Chihuahua; Jaime, en una maquiladora, y Hugo, el hijo soltero, vivía con sus padres.

La situación económica de la familia completa se vio mermada. La pensión de Toribio Muñoz está paralizada porque no está presente para cobrarla y tampoco se puede presentar un acta de defunción. Óscar Muñoz Veleta tiene dos hijos; Guadalupe otros dos; Jaime también dos, y Nemesio, tres. Sus respectivas esposas ahora tienen que trabajar para sacar a sus hijos adelante.

Las autoridades judiciales de Chihuahua siempre dicen lo mismo: “De sus parientes, no hay nada”. Una versión que se repite a todas las familias del estado que padecen el trance de que sus seres queridos estén desaparecidos.

María de Jesús Alvarado Espinoza narró el infierno que padece por la violencia en el municipio de Buenaventura, también en Chihuahua. Al menos 37 integrantes de su familia se han tenido que ir a vivir a otra región por temor a sufrir más agresiones. La mujer relató que el 29 de diciembre de 2009 la familia Alvarado se reunió en la casa de sus padres en el ejido Benito Juárez. Una de las integrantes de la familia había perdido a otro familiar y se integró a las investigaciones del caso. Denunció irregularidades.

La noche de ese día llegó José Ángel Alvarado para decirle a su hija que la suegra de él estaba muy enferma. Fueron a casa de la suegra. También iban Nitzia Paola Alvarado Espino y Rocío Irene Alvarado. Cuando llegaron al domicilio, los abordaron 10 militares y los bajaron de la camioneta. A Nitzia Alvarado la jalaron del cabello. José Ángel Alvarado la defendió, por lo que también se lo llevaron. Desde aquel día la familia Alvarado comenzó a sufrir hostigamiento y amenazas. Todos los días viven con temor.

María de Jesús Alvarado se hizo cargo de las tres hijas de Nitzia: dos gemelas que ahora tienen 16 años y una adolescente de 13. María tiene cuatro hijos y también se hace cargo de sus papás, que son personas mayores y padecen enfermedades crónico-degenerativas. Son 11 integrantes de la familia que viven en una pequeña casa que no es la suya. Son las tres hijas de Nitzia, cuatro hijos de María de Jesús, los papás de ambas, y el esposo de esta última, quien es mecánico y se hace cargo de la manutención de toda la familia. “Vivimos en pobreza extrema“, dijo María de Jesús Alvarado.

La mujer explicó que la Secretaría de la Defensa Nacional reconoció en su momento que sus integrantes se llevaron a los tres miembros de la familia Alvarado. No obstante, no se sabe nada de ellos y las indagaciones no arrojan resultados a pesar de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Silvia Arce desapareció en 1998 cuando fue a cobrar unas joyas a unas bailarinas de un antro de Ciudad Juárez, la urbe fronteriza con Estados Unidos, en el norte de Chihuahua. Dejó tres hijos que tenían 11, nueve y cuatro años de edad. La madre de Silvia, Evangelina Arce, se hizo cargo de ellos. Durante 14 años Evangelina ha buscado a su hija sin encontrar respuesta. Ahora ella es uno de los pilares de la organización Justicia para Nuestras Hijas, con la que ha acompañado a cientos de familias que han sufrido su mismo dolor.

Evangelina Arce también estuvo en la “Marcha de la Dignidad Nacional”. Ella ha recibido amenazas y tuvo que irse a vivir a otro lugar. Aseguró que a su hija se la llevaron agentes de la Procuraduría General de la República. Evangelina Arce tuvo 11 hijos y desde 1972 ha sido luchadora social, toda vez que apoyó la causa de los desaparecidos políticos. Ahora busca –sin claudicar– a su hija.

Emigrantes centroamericaos esperan en El Naranjo, Guatemala, al guía que los lleve a México.

El canciller Hugo Martínez se manifestó satisfecho por la marcha del proceso para integrar el Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia, que debe ser integrado con representación de las organizaciones de salvadoreños en el exterior, de instituciones empresariales y civiles dentro del país, ministerios y otras oficinas gubernamentales. ”Vamos a buen ritmo, creemos que al cerrar el primer semestre del año ya tendremos el Consejo en operaciones”, dijo.

El parlamento aprobó en marzo de 2011 la Ley Especial para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia, que vela por el respeto de los derechos humanos de los nacionales en viaje y en el destino en que se asienten buscando nuevas oportunidades. También abarca a los deportados. Pero la norma solo fue reglamentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores el 18 de abril pasado, momento en el cual se pudo lanzar el mecanismo para conformar el Consejo.

El artículo 1 de la normativa señala, entre otras cosas, que se diseñarán políticas públicas que integren la protección y el desarrollo del emigrante y sus familias, en coordinación con el Estado y con la sociedad civil. La ley establece un Programa sobre Migración y Desarrollo, que buscará la creación de iniciativas productivas para las familias que se quedan y para quienes son deportados de Estados Unidos, que según datos de su Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) sumaron unos 19.000 en 2011, una cifra parecida a la de años anteriores.

“Donde se encuentren salvadoreños, queremos que haya una protección humanitaria por parte del Estado”, dijo a IPS la diputada Karina Sosa, del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), quien participó en la comisión legislativa que dio curso al proyecto.

La normativa supone una coordinación de alto nivel entre autoridades salvadoreñas y sus contrapartes de México, territorio de tránsito de inmigrantes, y de Estados Unidos, punto habitual de llegada. Tras su conformación, el Consejo tendrá la responsabilidad de elaborar y verificar el cumplimiento de una política integral de protección y de desarrollo del emigrante y sus familias.

“La idea es que las propuestas del Consejo realmente pesen”, comentó Gilma Pérez, experta en asuntos migratorios del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca). ”Por la diversidad de las organizaciones y entes que lo compondrán, es de esperar que el Consejo juegue un rol importante”, agregó.

Uno de los componentes novedosos de la ley es la creación de un Fondo Especial de Repatriación de Fallecidos y Heridos, que dará un aporte de dinero a todas las familias que no tengan los recursos para repatriar los restos de sus familiares muertos en tránsito o en el país de destino.

La guerra civil (1980-1992) y las condiciones de pobreza que aún persisten nutrieron la constante salida de salvadoreños y salvadoreñas de su país, especialmente en la década del 80 y hacia Estados Unidos, donde se calcula que hoy viven 2,7 millones de personas de este origen.

Se estima que aún parten diariamente entre 200 y 300 emigrantes rumbo a la potencia del Norte de forma irregular, buscando un mejor futuro para ellos y sus familias. Eso los obliga a afrontar todo clase de riesgos en la travesía, ya sea en Guatemala como, sobre todo, en México.

Organizaciones civiles que abordan el fenómeno de la emigración han documentado los casos de abusos de salvadoreños por parte de autoridades fronterizas de México, así como las desapariciones y muertes en ese país a manos de sicarios vinculados a las mafias de narcotraficantes.

Alrededor de 72 inmigrantes indocumentados fueron masacrados en agosto de 2010 por miembros del grupo narcotraficante Los Zetas en la localidad mexicana de El Huisachal, en el nororiental estado mexicano de Tamaulipas. Entre las personas asesinadas había 14 salvadoreños, 21 hondureños y 10 guatemaltecos.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), elaboraron en diciembre pasado el Mapa de las Migraciones Salvadoreñas, que entre otras cosas señala los puntos de riesgo localizados en el largo trayecto emprendido hacia territorio estadounidense.

El Comité de Familiares de Migrantes y Desaparecidos de El Salvador (Cofamide) asegura que las desapariciones de connacionales en México llegan a 319 desde 2006, de los cuales 60 han sido esclarecidas. Pero esta organización no gubernamental, que el 11 de este mes presentó la documentación respectiva para ser considerada en el proceso de selección del Consejo, cree que los casos pueden ser más.

“Queremos participar en el Consejo, para que dentro de sus propuestas se aborde el tema de los asesinados y desaparecidos en México”, indicó a IPS la abogada Lissette Campos, de Cofamide.

Miembros de esa organización humanitaria se concentraron este mes frente a la embajada de México en San Salvador para exigir al gobierno de ese país que conforme un equipo de antropólogos forenses para ayudar a encontrar y a reconocer los cadáveres de inmigrantes.

La movilización hizo hincapié en evitar que los inmigrantes muertos sean sepultados en fosas comunes, reiterando el pedio hecho el 23 de marzo en una audiencia celebrada en Washington en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Otro tema que Cofamide está interesado en impulsar desde el Consejo es la problemática surgida a raíz del quiebre familiar que se da cuando los padres salen del país en busca de un mejor futuro para ellos y sus familias, dejando a sus hijos con otros parientes, fundamentalmente con abuelos.

Mientras este instrumento finalmente parece que levantará vuelo, se escuchan críticas consistentes. Se precisa que una de las debilidades de la ley es no haber considerado que El Salvador es, a su vez, territorio de tránsito migratorio, sobre todo para sudamericanos e incluso asiáticos que llegan a la región para luego seguir camino hacia Estados Unidos. De hecho, la prensa local ha informado de los constantes abusos que sufren inmigrantes de Nicaragua y Honduras, llegados y asentados en la zona oriental salvadoreña.

“No es congruente que velemos por la defensa de nuestros connacionales y que, por otro lado, violentemos los derechos de los que transitan por nuestro territorio. Perdemos coherencia, y ese problema lo tiene que resolver el Consejo”, reclamó Pérez, del Idhuca.

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Cacerolada ante la sede de la Caixa en Barcelona (S.R.)

Cacerolada frente a las torres de la sede de la Caixa

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"Un banco para dominarlos a todos", uno de los lemas adoptados por varios cientos de personas frente a la sede de la Caixa (S. R.)

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(S. R.)

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El 15M ya ante las torres de la sede de la Caixa. Pincha sobre la imagen para ver su web (Jesús G. Pastor @unFotografo_)

Mina de El Morro

El punto de inflexión fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia que obligó a paralizar el proyecto minero de oro y cobre El Morro hasta que no se cumpla con la respectiva consulta a la pequeña Comunidad Agrícola Diaguita de los Huascoaltinos asentada en la zona.

La firma transnacional de origen canadiense Goldcorp posee 70 por ciento de la mina El Morro, que se emplaza en el Valle del Huasco, en la región de Atacama, unos 800 kilómetros al norte de Santiago.

El proyecto, que según la firma implica una inversión de 3.900 millones de dólares, consiste en la construcción y operación por 14 años, prorrogables, de una mina a tajo abierto, de la cual se espera obtener 2.215 toneladas de concentrado de cobre por día.

El emplazamiento minero utilizará unas 2.500 hectáreas, afectando una amplia zona desde la cordillera de los Andes hasta la costa del océano Pacífico, en la que se encuentran grandes extensiones de tierras de los huascoaltinos.

La decisión de la Corte del 27 de abril dejó sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental de las autoridades regionales que autorizó la construcción y operación de El Morro.

También confirmó una sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que indica que para la obra en cuestión no se evaluaron los efectos, características y circunstancias señaladas en la Ley 19.300 sobre bases generales de ambiente, relativo al reasentamiento y alteración significativa de sistemas de vida o costumbres, en este caso, de la comunidad diaguita.

La Corte Suprema de Justicia estableció, además, que se violaron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que entró en vigor en Chile en 2009 y que establece derechos a los pueblos indígenas y tribales, la Ley Indígena, y derechos consagrados en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas.

“La sentencia en el caso de El Morro da cuenta de una jurisprudencia asentada en Chile en cuanto a que se debe respetar el derecho a la consulta previa a los indígenas respecto de las medidas administrativas o legislativas que puedan ser susceptibles de afectarlos directamente, según el convenio de la OIT”, dijo a IPS la abogada Consuelo Labra, del Observatorio Ciudadano, organización patrocinante en la acción legal.

Labra precisó que, a partir de la sentencia, el proyecto El Morro debe paralizar todas sus faenas y “no tiene permiso para hacer algo en el territorio de los huascoaltinos” mientras no se realice la consulta.

La normativa establece que, al ser el Convenio 169 un instrumento internacional, deberá ser el Estado de Chile el que lleve adelante la consulta. Sin embargo, ese proceso no está regulado a cabalidad aún en Chile.

“A fines de 2009, cuando terminaba el gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) hubo una regulación transitoria establecida en el decreto ley 124, pero al final resultó perversa ya que coartó la implementación de los procesos de consulta y redujo mucho el ámbito de aplicabilidad”, explicó a IPS el coordinador del área jurídica del Observatorio Ciudadano, Hernando Silva.

El experto añadió que en ese aspecto Chile está muy atrás por ejemplo de Perú y Bolivia, donde existen legislaciones específicas sobre consulta.

Pero las organizaciones indígenas no han detenido sus reclamos ante esta carencia. Esa actitud es la que llevó a los huascoaltinos a apelar frente a la construcción del megaproyecto El Morro en su territorio ancestral.

“No necesitamos ni a la minera ni al gobierno para desarrollarnos. Hay varias iniciativas que llevamos adelante como comunidad, como el desarrollo de una zona trabajada como área silvestre protegida privada, que será la mayor reserva natural indígena del norte chileno”, indicó Sergio Campusano, presidente de la Comunidad Agrícola Diaguita de los Huascoaltinos.

Campusano explicó que cuando existe un plan de desarrollo y un proyecto como comunidad, la firma minera no solo impacta en materia medioambiental, sino también afecta al plan de desarrollo al que cada pueblo tiene derecho.

“Nuestro lema en esta iniciativa es ‘guardián de la naturaleza’, porque eso somos, es nuestra naturaleza. Los proyectos mineros no caben aquí”, aseveró.

“No somos pueblos que vivamos alrededor del proyecto minero, sino que el proyecto se viene a instalar en el centro mismo de nuestro territorio ancestral”, cuestionó.

El escenario complica la continuidad de los proyectos frenados por la Corte Suprema, cuya resolución, en el caso de El Morro, no es inédita. Por el contrario, desde hace tres años diversas comunidades indígenas presentan recursos de protección ante la justicia en busca de la cabal aplicación del Convenio 169.

El primer caso ganado fue el del centro de transferencias de basura en Lanco, 839 kilómetros al sur de Santiago, próximo a comunidades mapuches.

Otro proyecto emblemático es el Parque Eólico de Chiloé, casi 1.200 kilómetros al sur de Santiago, que fue paralizado por el máximo tribunal del país tras un recurso de protección presentado por comunidades mapuches.

“El Morro es resultado de todo este proceso”, explicó Silva.

“Hemos avanzado con las comunidades desde un desconocimiento de la normativa específica que les entregan los derechos a un reconocimiento prácticamente incuestionable sobre la forma de implementación de los mismos”, añadió.

La minera Goldcorp indicó, tras el fallo, que sus primeras acciones serán reunirse con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para ver los pasos a seguir.

Sin embargo, el desconocimiento de la normativa y la implementación de las consultas ciudadanas, así como la oposición de las comunidades indígenas, hacen casi imposible que el proyecto se reanude en el corto y mediano plazo.

Una joven palestina pinta un mural sobre la Naqba en Gaza (Hatem Moussa / AP)

“Allí está el inicio de mi vida. Mi padre convocaba a la plegaria ‘Allahu Akbar’ y toda la aldea lo escuchaba”, dice el palestino Yacoub Odeh, de 72 años, señalando una casa destruida en lo alto de una colina jerosolimitana.

Entonces Odeh tenía ocho años. Ahora, 64 años más tarde, evoca la Naqba, “gran catástrofe” que recayó sobre el pueblo palestino durante la guerra que condujo a la creación del estado de Israel.

Cientos de miles huyeron de sus hogares o fueron expulsados por las fuerzas del país naciente y, como Odeh, se convirtieron en refugiados.

(Bernat Armane / AP Photo)

La aldea de Lifta languidece en medio de las ruinas esparcidas entre Jerusalén occidental, israelí, y oriental, ocupada por Israel. Para muchos palestinos, el lugar simboliza el recuerdo de la tierra perdida y la falta de un estado propio. Allí, Odeh vuelve a sentir la libertad y la paz.

Allí, entre las murallas seguras de su infancia, acaricia con cariño las piedras vivientes. “Por nuestra puerta entraba el sol matinal”, relata.

Muchas casas todavía están majestuosamente en pie. Todo lo que queda de la de Odeh es un hinojo silvestre y muros medio enterrados.

Antes de la guerra de independencia de Israel, Lifta era una aglomeración de 500 hogares, una comunidad rica de 3.000 personas que vivían en armonía.

“El manantial, los jardines, los campos, la mezquita, la prensa de las aceitunas… Así era mi mundo”, recuerda. En sus oídos todavía suena el eco idílico de “personas bailando y cantando”.

“¿Cómo no ser acosados por ese fatídico día de febrero de 1948? Estábamos bajo sitio. Yo oía a las pandillas sionistas disparando”, dice.

Cuando una centena de palestinos fueron asesinados por milicianos judíos durante un ataque a la aldea cercana de Deir Yassin, el horror disparó una ola de pánico.

“De repente, mi padre cargó a mi hermana y a mi hermano. Cruzamos el valle, trepamos la montaña, y nos llevamos solo lo que había en nuestras mentes: nuestros recuerdos”, cuenta.

En apenas semanas no quedó ni un alma en aquella aldea de 2.000 años. “En un momento nos convertimos en refugiados”, dice Odeh.

En el plazo de un año, la mayoría de los que todavía vivían en lo que se convirtió en el estado de Israel se volvió una minoría a la que se le negó el derecho a la tierra.

En techos y pisos se hicieron grandes agujeros que volvieron inhabitable la aldea abandonada. La familia Odeh nunca volvió a vivir allí. Nadie lo hizo. Pero los oriundos de Lifta nunca dejaron de soñar con regresar a casa.

“Nunca olvidaré ni perdonaré hasta que recupere mi derecho a ser libre en Lifta, en Palestina”, asegura Odeh.

Año tras año, cada 15 de mayo, “Día de la Naqba”, los palestinos manifiestan su aspiración a cumplir lo que, insisten, es su “innegable derecho de retorno”. En esa ocasión, los refugiados blanden llaves simbólicas como recordatorio de los hogares que perdieron.

Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNWRA), actualmente hay más de cuatro millones de refugiados registrados dispersos por Medio Oriente.

La mayoría de los israelíes consideran que el histórico reclamo palestino es “una amenaza existencial”.

Creen que el cumplimiento del “derecho de retorno” destruiría su estado desde adentro, dado que la absorción de millones de palestinos alteraría irrevocablemente su mayoría judía.

Según Odeh, “hay suficiente lugar para musulmanes, judíos y cristianos. Debemos vivir juntos, igual que nuestros abuelos”.

Algunos esperan que el fantasma de esa sentimental solución de un solo estado termine alentando a Israel a negociar una solución política de dos estados, y que Palestina absorba a la mayor parte de los refugiados.

Odeh personifica la historia de su pueblo. Poco después de su desplazamiento forzado, su padre falleció; tenía “el corazón roto”, dice. La familia se reasentó en Jerusalén oriental.

( AP Photo/Hatem Moussa)

Él trabajó en una videoteca en Kuwait, estudió derecho en Beirut y militó en el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Tenía 27 años cuando Israel conquistó el oriente de Jerusalén.

Al regresar, resistió la ocupación. Sentenciado en 1985 por un tribunal israelí a tres cadenas perpetuas consecutivas por “actividades terroristas”, fue liberado en un canje de prisioneros.

Actualmente es activista por los derechos humanos y autodesignado custodio de la memoria de su aldea.

Lifta es un paraíso para los hippies sin techo que la eligen y un refugio para los soldados con licencia en busca de serenidad. Y es una de las últimas aldeas vacías en pie después de la guerra de 1948.

En aquel entonces se destruyeron 500 de esas aldeas palestinas. Por lo general, lo que queda son terrazas, piedras mohosas y hierbas que señalan cementerios abandonados, añosas higueras silvestres o perales, y restos de muros.

Al seguir a Odeh en su recorrido por la aldea de su infancia, el visitante no puede dejar de admirar la belleza del lugar y la dignidad que de él emana, las cicatrices que la naturaleza y el tiempo fueron infligiendo, la invasión de la ciudad moderna y la nostalgia por el paraíso perdido.

En 1959, un decreto convirtió a esta codiciada zona en reserva natural. Queriendo emular la preservada aldea de Ein Hod, donde ahora vive una comunidad artística israelí, urbanistas de la Autoridad de Tierras de Israel intentaron convertir Lifta en un barrio lujoso.

Pero exhabitantes del lugar, respaldados por organizaciones israelíes de derechos humanos apelaron al tribunal distrital. En febrero, el plan se archivó… por ahora.

“Queremos preservar Lifta tal como está, renovarla como museo histórico abierto para todos”, insiste Odeh.

“¿Por qué quieren destruir este patrimonio cultural? ¿Para construir chalets?”, pregunta.

“Palestinos, cristianos, judíos, musulmanes… Eso no importa. Lo que importa es poner fin a la ocupación, crear un estado democrático”, dice Odeh. Y murmura: “La historia no irá siempre en la dirección equivocada”.

Entonces Odeh vuelve a su casa, que se encuentra a pocos kilómetros de aquel que alguna vez fue su hogar.

Mustapha, uno de los deportados en marzo, durante la concentración ante la delegación del Gobierno en Melilla (José Palazón)

En estos momentos al menos unas veinte personas están escondidas en algún rincón de Melilla, probablemente en algún descampado de los que parapetan la ciudad y hacen las veces de antesala de las vallas que la aislan del continente africano. Después de dos meses paralizados por el terror, ahora temen que sus peores pronósticos se cumplan, como les pasó a 52 de sus compatriotas. Tras meses de manifestaciones, concentraciones y huelgas de hambre, fueron deportados a República Democrática del Congo cuando la Delegación del gobierno de Melilla les había comunicado que serían trasladados a un CIE de la Península para, donde tras pasar como máximo el plazo de 60 días de encarcelamiento, ser puestos en libertad. Algunos de ellos llevaban más de tres años de desesperante espera en Melilla y sin aviso previo, fueron deportados a su país donde algunos de ellos, según fuentes cercanas, siguen presos en una de las cárceles más peligrosas del mundo, el Centro Penitenciario y de Reeducación de Kinshasa, donde hasta hace unos pocos años, morían diez personas al día por inanición y donde se encierran a los considerados opositores del régimen.

Escena dentro de una prisión de RDC

En el siguiente vídeo vemos escenas de hacinamiento y maltrato  grabadas dentro de la prisión donde fueron encarcelados congoleños deportados por Bélgica, por primera vez y tras una fuerte oposición de sectores de la sociedad civil, a principios de año.Hasta el 2011 de la Unión Europea sólo Chipre había deportado personas a RDC por la sistemática vulneración de derechos humanos que tiene lugar en este páis.

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El lunes 7 de mayo, doce personas migrantes acudieron a la comisaría de Melilla tal y como se les había solicitado. Fueron detenidos y trasladados al CIE de Tarifa (Cádiz), donde se encontraron con otros diez  congoleños que habían sido trasladados desde Ceuta. Según Gustav Kiansumba, congolés, trabajador de la ONG Centro de recursos de africanistas (Crea), algunos de los detenidos le llamaron el miércoles para pedirle ayuda y fue cuando se tuvo constancia de esta situación. Kiansumba fue también migrante indocumentado, y según cuenta, activista en su país por lo que tuvo que huir para salvar su vida. Entre el grupo deportado, según nos cuenta , hay cuatro personas al menos que no son congoleños y temen que sean deportados igualmente a RDC.

Mientras el terror se ha extendido por la comunidad congoleña en Melilla, con la que ya estuvo tras la primera deportación Periodismo Humano, y que encontramos en un estado de shock paralizante. “Ahora todos tenemos mucho miedo, no le importamos a nadie. Nosotros no somos políticos, pero el presidente Kabila considera que las personas que estamos en el extranjero somos un Ejército de opositores y allí los matan. Ya nos hemos manifestado y nos han deportado. Tenemos mucho miedo. Ahora estamos aquí, no hablamos, no nos miramos…. En España, estás 60 días en la cárcel y te sueltan. Aquí en Melilla, algunos llevamos tres años…. Ya sólo nos queda esperar que sea lo que Dios quiera”, nos decía uno de los jóvenes fuertes y atléticos que habían conseguido sobrevivir a los peligros del viaje por el continente africano hasta llegar a suelo europeo, y que ahora cabizbajos, tristes, muy tristes y desactivados sólo tenían todo el tiempo del día para pensar que pronto podrían estar como sus camaradas en una prisión que Kiansumba define como “una exposición a la muerte: no hay comida, ni condiciones de higiene, no pueden recibir visitas…“.

Captura del vídeo del interior de cárcel de RDC

Por ello, cuando supieron la suerte que habían corrido este lunes otros 12 de sus compañeros, se apresuraron a buscar escondrijos en una ciudad de 12 kilómetros cuadrados y cercada por una doble valla de seis metros de altura. Según han contado, algunos de ellos fueron citados esta semana de nuevo en comisaría donde sólo acudieron dos, que fueron detenidos de inmediato. Y entonces activistas de derechos humanos de la ciudad denuncian que miembros de la Policía comenzaron redadas por la ciudad identificando dependiendo del color de piel, una práctica que ha sido denunciada por la ONU entre otros organismos por considerarse discriminatoria –las llamadas redadas racistas–. Según nos cuenta Kiansumba, un joven congoleño fue detenido cuando salía de su escondite para buscar agua y comida. “Sólo se salvarán los que tienen un corazón duro y no salgan de sus refugios”, sentencia

Según denuncian internos del CETI, policías de paisano también han ido entrado en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) la madrugada del lunes buscando por las dependencias a congoleños y cameruneses desatando la alarma entre los inmigrantes que dormían y entre los menores que conviven con ellos. También denuncian que fueron a buscarlos al comedor policías vestidos de paisano.

Hemos intentado hablar con algunas de las personas detenidas en el CIE de Tarifa pero puesto que no hay un teléfono público que nos permita hablar con ellos, sólo pudimos dar nuestro contacto al trabajador que contestó en la centralita para que se lo dieran a uno de los detenidos para que nos llamara, cosa que no ha ocurrido hasta el momento y que tiene toda la lógica teniendo en cuenta que esta persona no nos conoce. Tras poner el caso en conocimiento de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, ésta ONG ha puesto una queja ante el Defensor del Pueblo para solicitar su intervención.

Nos hemos puesto en contacto con la Delegación de Gobierno de Melilla, con la Policía Nacional de la Ciudad Autónoma y con el Ministerio del Interior para aclarar, entre otras cuestiones, si se va a deportar a estas personas a un país que vulnera sistemáticamente los derechos humanos, exponiendo sus vidas a peligros graves, incluso a la muerte. La Delegación de Gobierno nos comunica que no tienen conocimiento ni responsabilidad en este ámbito. Con el responsable de prensa del cuerpo policial de Melilla nos ha sido imposible comunicarnos. Y el Ministerio de Interior nos pidió que le enviáramos las preguntas por escrito como es lo habitual. Tan habitual como que no tengan respuesta. Éstas son las cuestiones relevantes a las que no tenemos acceso:

• ¿Van a ser deportados a RDC o van a ser puestos en libertad en la Península como se les prometió desde la Delegación de gobierno de Melilla hace dos meses?
• En el caso de que vayan a ser deportados:
• ¿Cuándo?
• ¿En qué condiciones?
• ¿Van a ser acompañados por policías?
• ¿En un avión de una compañía comercial?
• ¿Se les ha informado de qué va a pasar con ellos?
• En el caso de que vayan a ser deportados:
• ¿Bajo qué acuerdo de repatriación con el gobierno de RDC se hará?
• ¿Serán internados como la vez anterior en la prisión de Kinshasa Kim Mazière donde hasta hace poco morían al día diez personas de inanición?
• Bajo qué razones se permite que estas personas sean encerradas en una prisión política donde organismos internacionales han denunciado que se cometen torturas y humillaciones de todo tipo?
• ¿Cúanto cuesta cada deportación de estos ciudadanos?

Preguntas por contestar sobre este caso enviadas en marzo de 2012, tras la primera deportación de los 52 congoleños que esperaban en Melilla:

• ¿Tiene España un acuerdo migratorio de repatriación con la República Democráctica del Congo?
• ¿A qué hora se realizó el viaje?
• ¿Cuándo se les comunicó que iban a ser deportados?
• ¿Fueron agredidos varios de los inmigrantes, como denuncian algunos de ellos, cuando se dieron cuenta de que iban a ser repatriados y se resistieron a montarse en el avión?
• ¿Viajaron esposados hasta Kinshasa?
• ¿Les acompañaron policías españoles?
• ¿Quiénes les recibieron en el aeropuerto de Kinshasa?
• ¿Les acompañaron hasta el Centro Penitenciario y de Reeducación de Kinshasa (CPRK), conocido como cárcel “Kin Mazière” de Gombe?
• Había varios enfermos de gravedad entre los deportados y algunos sufrieron ataques de ansiedad. ¿En qué situación los encontraron los policías que los acompañaban? ¿Recibieron atención médica?

Adolescentes y jóvenes promueven una iniciativa para proteger a la infancia de la norteña Ciudad Juárez (Daniela Pastrana/IPS)

“La pregunta es por qué se siguen matando y pareciera que aquí no pasa nada, mientras que en otro país esto sería una emergencia nacional”, se pregunta Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), una coalición que aglutina a 73 organizaciones no gubernamentales que promueven el respeto a los derechos de la infancia y la aplicación de políticas públicas para ese segmento poblacional.

La tasa de mortalidad general entre los menores de 18 años crece desde 2008 en este país que tiene 39 millones de sus 112 millones de habitantes en esa franja etaria. Datos del Sistema Nacional de Indicadores en Salud (Sinais) indican que pasó de 2,3 casos por cada 100.000 habitantes ese año a 3,6 en 2010, cuando se registró el mayor número de muertes en el último decenio. La franja de entre 15 y 17 años fue la más golpeada, con 10,7 muertes cada 100.000 personas en 2009 y 14,4 en 2010.

“El Estado ha dejado un vacío institucional propio de estados débiles, fallidos. Hay patrones de errores a ese nivel”, señala el presidente del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia, el profesor universitario Edgardo Buscaglia, exasesor de la Organización de las Naciones Unidas.  En sus estudios, ha encontrado que en ocho de cada 10 expedientes judiciales abiertos desde 2003 están involucrados menores de edad.

Buscaglia, especialista argentino en temas de seguridad, también aseguró que en México se registran 44 de los 58 tipos de violaciones de derechos humanos a menores que enumeran los convenios internacionales. El Sinais registra 1.180 homicidios de niños, niñas y adolescentes con arma de fuego en 2009 y 1.406 en 2010. En particular, las muertes violentas por esta vía de jóvenes de 15 a 17 años fueron 681 y 964, respectivamente.

En diciembre de 2006, el entonces flamante presidente de México, el conservador Felipe Calderón, ordenó el despliegue de miles de soldados y policías para combatir a las bandas que pugnan por el control de la distribución de drogas ilegales dirigidas al suculento mercado estadounidense. Esa campaña dejó hasta ahora más de 47.000 personas muertas, la desaparición de por lo menos otras 10.000, el desplazamiento de sus hogares de 250.000 y una cantidad desconocida de huérfanos, según recuentos periodísticos locales y de organizaciones defensoras de los derechos humanos.

El seguimiento hemerográfico emprendido por Redim da cuenta de 244 niños y adolescentes muertos en 2011 por hechos violentos derivados de la lucha contra el narcotráfico, mientras que 50 perdieron la vida en lo que va del año.

“El desafío del crimen es un tema fundamental por la gravedad de las violaciones a derechos humanos. Hay una creciente participación de menores en la delincuencia organizada”, destacó Consuelo Morales, directora de la no gubernamental Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos. Los jóvenes “se ven ensituación de riesgo por la delincuencia y por las respuestas de las autoridades, muchas veces irracionales y anticonstitucionales”, agregó.

Dentro de la campaña “Infancia sin violencia” lanzada en noviembre, la Redim aplica el Mapa Geo-referencial sobre la violencia contra niñas, niños y adolescentes para identificar y prevenir las agresiones armada, física y sexual en contra de esa fracción poblacional. Esta herramienta tecnológica permite que los ciudadanos puedan enviar reportes de casos de esas tres variantes y así construir una base de datos para rebatir la falta de información oficial fiable sobre el fenómeno.

“Los niños están involucrados en toda la línea de la industria. Los más pequeños trabajan como vigilantes, los más grandes se ocupan del traslado de l a droga y a partir de los 16 años empiezan a ser contratados como sicarios”, cita el informe de 2011 titulado “Infancia y conflicto armado en México”. ”Las niñas aparecen sobre todo en el empaquetamiento de la droga“, prosigue el documento elaborado por la Redim en relación con el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de menores en conflictos armados, vigente desde 2002.

La mayoría de los casos han ocurrido en los norteños estados de Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, así como en el sureño Guerrero, en los cuales hay fuerte presencia militar, policial y de organizaciones de narcotraficantes.

Los homicidios con arma de fuego de adolescentes de 15 a 17 años representan más de la mitad de los casos de muertes en esta franja desde 2006, según el Mapa Geo-referencial. Esa situación “se debe a que (esos jóvenes) no estudian ni trabajan, sus zonas de residencia son escenario de la lucha antinarco y hay carencia de fuentes de empleo“, explicó Pérez.

Organizaciones no gubernamentales calculan que entre 30.000 y 50.000 mexicanos menores de 18 años trabajan para las mafias de las drogas. ”La población civil está desprotegida. Hay que reconstruir el Estado mexicano, pues unos pedazos le pertenecen al crimen organizado, diferentes fragmentos trabajan para otros grupos criminales y pedazos del Estado matan a otros pedazos”, ilustró Buscaglia.

El experto ha analizado 22 actividades criminales, como tráfico y trata de personas y lavado de dinero, y ha identificado 784 vacíos institucionales en bolsones territoriales de México.  El informe alternativo sugirió la investigación de los asesinatos y la persecución penal de los autores de esos crímenes, la creación de una defensoría de los derechos de la infancia e instaurar un sistema de datos sobre víctimas y autores de delitos ligados al narcotráfico.

“La respuesta debe ser buscar maneras para que los jóvenes no caigan y a los que ya cayeron garantizarles una vida digna“, planteó Morales, quien el año pasado recibió el premio Alison Des Forges al Activismo Extraordinario, la más alta distinción de la organización no gubernamental estadounidense Human Rights Watch. “Nuestras comunidades no pueden tolerar más violencia, no se puede construir desde la violencia institucionalizada“, puntualizó.

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La jornada del 12M hasta entonces tranquila, se convirtió a las cinco de la mañana en empujones e identificaciones de decenas de personas sometidas a un cerco sin salida por parte de la Policía durante el desalojo realizado sin aviso previo.

La Policía cercaba hasta el amanecer la emblemática plaza por todas sus entradas y tampoco dejaba pasar a nadie en muchas de las calles adyacentes. Varias personas fueron golpeadas con patadas e incluso una chica recibió un puñetazo en la cara de un policía, según varios testigos.

Lázaro, uno de los 18 arrestados  por la Policía Nacional tras el desalojo del pasado 12 de mayo de la Puerta del Sol cuenta su versión de lo ocurrido, tras el momento de la detención como en las horas siguientes en comisaría.

“En comisaría nos empezaron a pegar”

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Desde la Comisión de Legal de Sol, Carlos nos ofrece su visión jurídica sobre estos hechos.

“Denuncian tratos crueles, inhumanos y degradantes”

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“Nos tiraban la comida como a perros”

“A unos compañeros les pateaban y les amenazaban con tirarles por una valla abajo”

“Nos aporreaban las celdas cuando dormíamos, nos decían mal las horas para desorientarnos”

¿Infiltrados en el 12M15M? “Una circunstancia cuanto menos sospechosa”

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Asamblea en Sol el #14M (Javier Bauluz)

Los desalojos y detenciones realizados en los últimos días, especialmente los de la Puerta del Sol, han desviado la atención de los debates y asambleas programados entre los días 12 y 15 de mayo previstos por el movimiento 15-M.

Sin restar importancia a lo sucedido tanto en las evacuaciones de las plazas como posteriormente en las comisarías, desde el 15-m muchos esperan que se hable más de las ideas y el trabajo que realiza el movimiento en lugar de las polémicas sobre la legalidad o no de las acampadas.

Así, hemos decidido pasear por la Puerta del Sol y sus plazas aledañas para conocer las ideas de diferentes grupos.

Hoy 15 de mayo, un año después del inicio de la chispa que inició este movimiento, les proponemos escuchar lo que piensan, debaten y proponen a través de una pequeña muestra de ciudadanos vinculados al 15-M sobre estos temas:

Agua pública: “Reivindicamos el carácter público del Canal Isabel II”

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Barrios

Asamblea Popular de la localidad madrileña de Majadahonda

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Vivienda

“Reclamamos al Estado un parking público de vivienda de alquiler social”

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Grupo de trabajo Salud Pública Madrid

“España se está jugando su sistema sanitario”

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Reforma financiera:

“El caso de Bankia es especialmente sangrante y estúpido”

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Hoy 15 de mayo, durante la asamblea general, se propondrá establecer la celebración de eventos en formato de asambleas temáticas de forma regular. Si quieres conocer en detalle las propuestas de las asambleas de estos días puedes acceder a madrid.tomalaplaza.net

Desde Andalucía Acoge, APDH-A (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), Standing Committee of European Doctors, CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), Convivir sin racismo, Federación de Mujeres Progresistas, Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado español, Karibu, Médicos del Mundo, Mugak (Centro de estudios y documentación sobre discriminación, racismo y xenofobia), Observatori del Sistema penal i els Drets Humans, PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants), Pueblos Unidos, Red Acoge y El Servicio jesuita para las Migraciones de España,  estamos muy preocupados por la votación y posible ratificación el jueves del RD-L 16/2012 de “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones” en el Congreso.

Por ello, nos dirigimos a ti para que nos ayudes a informar a los Diputados y Diputadas del impacto que tendría la puesta en marcha de este Real Decreto Ley y que tengan en cuenta dicha información a la hora de emitir su voto.

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Birmania. /AP

Myanmar es el nombre dado por la junta gobernante a Birmania. Ma Thida fue condenada a 20 años de prisión en 1993 por “poner en peligro la paz pública, tener contacto con organizaciones ilegales y distribuir panfletos ilícitos”, según dice la sentencia. Fue puesta en libertad cinco años después.

“La situación general parece mejor que hace dos o tres años, pero está lejos de ser ideal”, indicó Ma Thida, una de las miles de mujeres que contribuyeron a promover cambios a favor de un régimen democrático en Birmania.La Asociación de Asistencia a Presos Políticos, fundada por exdetenidos exiliados, señaló que hay 18 mujeres entre las 473 personas en esa situación. La organización está ubicada en la ciudad tailandesa de Mae Sot, en la frontera con Birmania.

Birmania ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas Las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), pero la Constitución de 2008 no la contempló totalmente. “En la actualidad no podemos hablar ni discutir libremente sobre discriminación o equidad de género“, señaló una defensora de los derechos de las mujeres, que pidió no ser identificada por su participación en la campaña contra la construcción, ahora suspendida, de la controvertida represa de Myitsone, sobre el río Irrawaddy, en el norte de Birmania.

“La decisión de interrumpir las obras, aplaudida por organizaciones ambientalistas, fue el resultado de protestas realizadas principalmente por mujeres”, apuntó.  ”Cuando la prensa birmana informó sobre la suspensión de la construcción, las mujeres desaparecieron porque les pidieron que se sentaran en el suelo mientras las cámaras filmaban a las autoridades”, señaló.  ”Hay una amplia presencia de mujeres en nuestra sociedad, pero aun son invisibles”, observó la activista.

La escritora y defensora los derechos de la mujer Mon Mon Myat explicó: “A veces no es fácil plantear estos asuntos, aun dentro de las organizaciones femeninas, pues la mayoría de las mujeres piensan que su papel está en la familia y eso no se puede cambiar“. “En una sociedad budista theravada, dominada por varones, hay muchas barreras culturales que limitan el comportamiento y el funcionamiento de las mujeres”, dijo Mon Mon Myat. “Las periodistas, por ejemplo, no pueden tomar fotografías ni filmar vídeos del público pues no se les permite tener una posición privilegiada porque, como mujeres, no pueden estar por encima de los hombres ni de los monjes budistas”, explicó.

La barrera culturalcontrasta enormemente con las imágenes de Suu Kyi saludando o hablando con la gente desde el balcón de su casa o de una oficina partidaria. Ella es una excepción, según Mon Mon Myat, porque es hija de Aung San (1915-1947), venerado héroe nacional vinculado al movimiento independentista de Birmania. De hecho, Suu Kyi se cuida de poner el nombre de su padre delante del suyo, pese a que la costumbre es que las mujeres usen solo su nombre, sin adoptar el del padre ni el del marido.  ”Pese a ser mujer, es símbolo de paz y democracia en nuestro país. Por eso podemos ver una multitud de monjes y hombres de poder expresándole su apoyo”, explicó. “La perspectiva del país debe cambiar si quiere ser democrático, pero para eso, primero, debe haber mayor libertad en los medios” de comunicación, señaló Vic, seudónimo de una escritora.

Las activistas y periodistas que se atrevieron a oponerse a la junta militar gobernante pagaron el alto precio de la tortura sistemática o fueron asesinadas por efectivos del ejército durante la prolongada guerra contra las milicias en los estados de las comunidades étnicas shan, kachim y karen. En 2002, la Red de Acción de Mujeres Shan denunció el uso sistemático de la violación por parte de soldados en un informe para el que lograron conseguir mujeres que contaran sus experiencias.

“Todavía no se puede hablar libremente sobre violaciones de mujeres de minorías étnicas en zonas alejadas y perpetradas por soldados birmanos”, señaló Mon Mon Myat. Muchas veces, las mujeres no suelen considerar la violación como un asunto de discriminación de género, sino como un problema “del destino en una sociedad que mira con malos ojos al sexo débil con ropas inapropiadas o yendo a lugares inadecuados”, indicó. “Las familias prefieren callar, haciendo que sea más difícil para la víctimas la búsqueda de justicia en los tribunales”, añadió Mon Mon Myat.

La Liga de Mujeres de Birmania es una organización que reúne a mujeres de 13 grupos étnicos que “trabajan por el avance del estatus de las mujeres con vistas a una sociedad pacífica y justa”, indicó. ”El cambio de mentalidad, en especial entre administradores de nivel medio y la gente común es esencial”, indicó Grace Swe Zin Htaik, actriz dedicada a cuestiones de salud y género. “Falta mucho para que logremos la equidad de género en Birmania”, explica. A pesar de estar mal representadas en órganos legislativos y cargos de gobiernos, mujeres como Mon Mon Myat confían en el futuro porque superan en número a los hombres en este país de 55 millones de habitantes.

También recuerdan los tiempos previos a la colonia británica (1824- 1948) cuando Birmania tenía un sistema matriarcal y las mujeres tenían derecho a ser propietarias y ocupar altos cargos.

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SOL (Javier Bauluz)

Ayer caminé hacia la Puerta del Sol lleno de ilusión. Era mi primer 15M y, además, mi buen amigo Alberto Senante me había propuesto que le echase una mano con su retransmisión de las concentraciones para Periodismo Humano. Después de una tarde muy hermosa, acabé humillado por un inspector jefe del cuerpo de antidisturbios. Antes de relataros mi experiencia, permitidme compartir dos reflexiones personales: 1) Creo que la policía es necesaria. Ojalá viviésemos en un mundo sin violencia. Pero, por ejemplo, cada año en nuestro país cientos de mujeres mueren asesinadas por sus maridos. Viajando por algunos países de África y Ámerica Latina comprendí lo terrible que es vivir en lugares donde no puedes salir a la calle tras la puesta de sol. Peor aún: allá donde las fuerzas de seguridad públicas no cumplen su función, las personas adineradas pagan su seguridad privada, mientras el resto de ciudadanos quedan indefensos ante la violencia. 2) En mi opinión, el gobierno debería sentirse muy satisfecho de que la desesperación generada por la crisis se canalice en un movimiento como el 15M, mayoritariamente pacífico. Basta recordar episodios pasados de sufrimiento social (cierre de astilleros en Galicia o de explotaciones mineras en Asturias) para comprender que cuando manda la desesperanza, la violencia estalla. En el pasado, los ingredientes habituales de una protesta eran las barricadas de neumáticos ardiendo y los cócteles molotov. El símbolo 15M son las tiendas de campaña. Seguir leyendo.

El centro de Tel Aviv sirvió de punto de encuentro para las reivindicaciones de los grupos "pro democracia". Activestills.

La calle está viva en Israel. El pasado verano, el país vivió la mayor movilización de su historia y aquella llama prendió y no se ha perdido. En otoño, en invierno, quedaban vivos los rescoldos, en forma de pequeñas asambleas, líneas activas en las redes sociales, protestas ante el Parlamento cada vez que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, anunciaba a bombo y platillo una de las medidas que, obligado por la presión popular, debió tomar. Hasta un comité de sabios tuvo que crear para diagnosticar el mal del pueblo, para saber lo que la gente necesitaba, un comité rechazado por los líderes del 14J -14 de julio, la fecha en que se iniciaron las acampadas en Tel Aviv, en 2011- por parcial y excesivamente seguidista con el Estado. “Maquillaje“, resumen Itzik Shmuli, líder de la Unión Nacional de Estudiantes.

Tan fuerte era aún la influencia de los indignados de Israel que los políticos de centro-izquierda ya amenazaban con otro verano caliente, todos envueltos en la bandera de la calle y sus reclamaciones. Este 12M en Israel iba a ser un preludio de esa nueva marea de conciencia social, aunque los organizadores, como Marius Kopten, temían que esta primera gran cita en meses fuese aún débil, “un gran oso que se despereza“. No ha sido así, porque el acuerdo de Gobierno anunciado la pasada semana entre el Likud de Netanyahu y el Kadima (centro) de Shaul Mofaz ha sido encajado por la calle como un insulto, una jugada política que sólo busca el poder y la infuencia. Apenas una cuarta parte de los ciudadanos cree que se ha firmado por el bien del país; el resto habla de intereses personales y partidistas, desvela el diario Haaretz. Por eso ayer los israelíes se tiraron a la calle, como la noche en que se anunció la nueva alianza, para denunciar el ansia de poder del primer ministro, para censurar el doble juego de Mofaz (siempre sostuvo que Netanyahu gobernaba “de espaldas a la calle”, que era un “mentiroso”, que “nunca” sería su socio), para insistir en que la izquierda sigue viva “contra la corrupción y los que viven ciegos a nuestros problemas”, resumía en la marcha de Jerusalén la estudiante de Derecho Naomi Ya´alon. De hecho, el lema que coronaba las principales manifestaciones era claro: “Devolvamos el país a los ciudadanos”.

Javier Díaz, de DRY, con su camiseta del 15M en Jerusalén Este.

Unas 3.000 personas participaron, según la Policía, en la protesta jerosolimitana, dividida entre las calles comerciales del centro y la residencia oficial de Netanyahu, en Rehavia, aunque la mayor fue la de Tel Aviv, con cerca de 9.000 almas concentradas en la plaza donde un ultra asesinó a Isaac Rabin en 1995. Hubo marchas además en otras cinco ciudades del país. Los lemas se repetían: “Toman de los pobres, se lo dan a los ricos, es un país de corruptos”, “No han cumplido sus promesas. Elecciones ya”, o “Vergüenza de políticos”, eran algunos de los que podían leerse en las pancartas y cartulinas. En un ambiente festivo, con una potente presencia policial. Una joven, en la calle Ben Yehuda de Jerusalén, con una bandera del Meretz, gritaba en inglés: “Todos hemos estado en el Ejército peleando por este país. Todos lo hemos levantado. Sólo unos pocos lo están hundiendo. Nosotros, la mayoría, estamos cansados“.

Sus motivos: la economía ya no crece a un 6% anual, sino como máximo a un 4 (son previsiones del Banco de Israel confirmadas el miércoles pasado); el paro está en 6,9%, se ha disparado 1,4 puntos en el primer trimestre del año por culpa de la ralentización de la actividad empresarial (y las nuevas mediciones de la OCDE, justifica el Gobierno), con salarios cada vez más bajos; es el segundo país con más pobres de la OCDE por detrás de México, pisos cuyo precio se ha multiplicado por tres en cinco años, cesta de la compra que crece entre el 7 y el 10% anual, gasolina, luz, agua en ascenso…

El comunicado final de las protestas se centra en todo ello, pero deja de lado la causa palestina, un asunto espinoso que el año pasado surgió sólo en algunas asambleas, que no llegó a entrar en las declaraciones finales, que no termina de poner de acuerdo a todos. La pelea es por la causa doméstica.

Españoles concentrados ante el Consulado de Sheikh Jarrah.

“No es aceptable. No podemos apoyar un movimiento que se dice global, con ramificaciones en Madrid o Nueva York, que se olvida de los palestinos. Hay que pensar localmente y actuar globalmente, y eso implica denunciar la ocupación injusta, el apartheid, las violaciones de derechos humanos. No puedo sumarme a la marcha israelí si apoya ese sistema”, denuncia como contrapunto la española Muriel Brihuega. Cooperante, es una de las 20 personas que ayer se manifestaron ante el Consulado de España en Jerusalén Este, como ya hicieran hace un año, con el 15M. El movimiento de los expatriados creó incluso un grupo que ha permanecido estable durante todo este tiempo y que ahora ha resurgido, con asambleas pactando comunicados y convocatoria formal. Han contado con el impulso de Javier Díaz, miembro de Democracia Real Ya, que participó activamente en las campañas de comunicación del 15M español desde Granada y Madrid y ahora trabaja en Jerusalén. Desde media tarde, cacerola y pancarta en mano, estuvieron compartiendo batalla con los cientos de miles de su país, añadiendo al repertorio clásico cánticos especiales, como “Ocupemos los bancos, no Palestina”, “Nadie gana a menos que todo el mundo gane”, “Sol vuelve a brillar en Jerusalén”, “Somos el 99%. Por un cambio global ya” o “No más casas sin gente ni gente sin casas”. “Por primera vez en muchos años, vemos que un movimiento global tiene posibilidades de triunfar. El 15O nos mantuvo vivos y ahora sabemos que el camino es largo pero estamos viendo frutos. Personas muy distintas, de países distantes, sienten que está en sus manos cambiar la realidad. Estas nuevas manifestaciones son un paso adelante porque demuestran que la movilización, que parecía dormida para muchos, está viva. En los barrios, con comisiones, con los desalojos. El mayor logro es que hemos logrado despertar conciencias, era lo más difícil. Y que la gente ha perdido el miedo a hablar de política. Podemos estar orgullosos en España de los valores y la energía que hemos logrado exportar”, añade.

Durante el desalojo del #15M de Sol (Alberto Sicilia)

Javier Bauluz recriminado por un policía durante su labor informativa (Javier Bauluz Peláez)

#15M en Madrid

Protesta frente a la bolsa (J.B.)

Protesta frente a la sede de la Bolsa (J.B.)

Dos hombres se desnudan ante policías (J.B.)

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El 15M en Sol (J.B.)

El 15M en Sol (J.B.)

El 15M en Sol (J.B.)

Sol el 15M (J.B.)

Pancartas del 15M (J.B.)

Pancartas del 15M (J.B.)

Sol el 15M (J.B.)

Sol el 15M (J.B.)

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Sol 15M (J.B.)

Sol el 15M (J.B.)

"15M, el año de la revolución del amor" (J. B.)

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Cacerolada en Sol (J.B.)

Cacerolada en Sol (J.B.)

Sol durante el primer aniversario del 15M (Javier Bauluz)

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#14M en Madrid, por Javier Bauluz

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El gasto militar de 30.000 millones de euros se come a los recortes sociales en Sol #14M (J. B.)

Como la vida misma. Teatro en Sol #14M (Javier Bauluz)

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Cordón policial pidiendo la documentación durante el desalojo de Sol esta madrugada del lunes 14. (Javier Bauluz)

Unos 300 policías antidisturbios y 30 furgonetas han entrado en la plaza sobre las 6,15 de la mañana del lunes 14, han invitado a abandonarla al grupo de 150 personas que allí se encontraban debatiendo y que han abandonado la plaza acompañados de grupos de policías antidisturbios, que han identificado a muchos de ellos. Hay dos detenidos por negarse a abandonar la plaza. Hoy no ha habido incidentes reseñables con los periodistas al contrario que ayer.

#Volvemosalas5 en directo 13M
En respuesta al desalojo de Sol, se convocaron manifestaciones en toda España a las 5 de la tarde el 13 de mayo

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"Faltan los 18 detenidos" Sol el 13M (Javier Bauluz)

Asamblea general del 13M en Sol (J.B.)

Sol, Madrid el 13M (J. B.)

Sol a las 20.30 horas, 13M (Javier Bauluz)

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Asamblea en Sol el 13M (J. B.)

Cordón policial pidiendo la documentación durante el desalojo de Sol esta madrugada del lunes (Javier Bauluz)

Charla sobre economía en Sol, #13M

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Sigue llegando gente a Sol a protestar por el desalojo y por la libertad de 18 detenidos el 13 de mayo (Javier Bauluz)

Plaça de Catalunya, Barcelona, 13M (S. R.)

Manifestación 13M en Barcelona, por Samuel Rodríguez

Asamblea en Barcelona 13M (Samuel Rodríguez)

Asamblea en Barcelona el 13M (Samuel Rodríguez)

Retransmisiones en directo desde Madrid, Barcelona y Sevilla
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Plaça de Catalunya, Barcelona en directo

Crónica del 12M en Madrid, por Alberto Senante, Alberto Sicilia y Javier Bauluz

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A las 24 horas, tras romper el grito mudo en un aplauso, las miles de personas que en ese momento llenaban la madrileña Puerta del Sol entraron en flagrante ilegalidad, según anunciaron las autoridades de distintas Administraciones Públicas. Sin embargo, el ambiente era tranquilo y no se observó ningún movimiento policial. Continuaba así una jornada que había comenzado horas atrás con la unión de 4 marchas principales entorno a las 8 de la tarde en la plaza donde se dieron los primeros pasos del movimiento 15-M.

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El largo recorrido de algunas marchas había transcurrido sin incidentes importantes. Con las proclamas, las pancartas y el ambiente habitual en las manifestaciones del 15-M. La Puerta del Sol estaba llena, pero no tan abarrotada como hacía poco menos de un año. Sólo una lona blanca proyectaba mensajes en uno de los andamios y las pancartas sólo se encaramaban la estatua del centro de la plaza.

Las horas transcurrieron distendidas, al ver como se reducía la presencia policial. Primero a ritmo de batucada, luego en una asamblea donde se entremezclaban las opiniones de si era oportuno realizar la acampada, con críticas generales a la situación y valoración de la andadura del movimiento durante este año. Algunos voluntarios recogían la basura que otras había dejado.

Sin embargo, a las 5 en punto de la madrugada, sucedió esto:

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Y así lo contaron poco después, rodeados por la Policía en la plaza Jacinto Benavente, a poco menos de cien metros de la Puerta del Sol.

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La jornada hasta entonces tranquila, se convirtió en empujones e identificaciones de decenas de personas sometidas a un cerco sin salida por parte de la Policía durante el desalojo realizado sin aviso previo . Desde Acampada Sol hablan de 8 detenidos.

La Policía cercaba hasta el amanecer la emblemática plaza por todas sus entradas y tampoco dejaba pasar a nadie en muchas de las calles adyacentes. Varias personas fueron golpeadas con patadas e incluso una chica recibió un puñetazo en la cara de un policía, según varios testigos.

Cientos de policías desalojan por la fuerza a manifestantes #15m de Sol. Y obligan a salir a empujones a todos los periodistas (Javier Bauluz)

Los periodistas también fueron desalojados por la fuerza, a empujones de la Puerta del Sol y algunos fueron golpeados como Javier Bauluz, director de Periodismo Humano golpeado por un policía a pesar de haberse identificado como periodista. (Fotografía Gabriel Pecot)

Javier Bauluz recriminado por un policía durante su labor informativa (Javier Bauluz Peláez)

Javier Bauluz es empujado por la espalda por un policía. (Javier Bauluz Peláez)

La Puerta del Sol el 12M (Paul White / AP)

Madrid, por Alberto Senante y Javier Bauluz

El grito silencioso de medianoche del 15M

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Noche en Sol #12M

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Sin escuela pública muchos no habríamos puesto acentos en esta frase" Sol (Alberto Senante)

Despliegan enorme pancarta sobre "El #15M avanza" mientras miles de personas están sentadas en #Sol (Alberto Senante)

Madrid 12M (Javier Bauluz)

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Madrid, 12M (Javier Bauluz)

Puerta del Sol, Madrid (Javier Bauluz)

Madrid 12M (Javier Bauluz)

Puerta del Sol en el 12M (Alberto Senante)

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Asamblea del 12M en Barcelona

Plaça Catalunya en Barcelona, por People witness

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Marcha Este de Madrid (Alberto Senante)

12M en Barcelona (Samuel Rodríguez)

12M en Barcelona (S. R.)

Manifestación en Barcelona (S. R.)

Pancarta por la educación pública (S. R)

Un grupo de ciudadanos decide acampar en Sevilla sin tiendas de campaña (Rocío Muñoz)

Manifestacion #12M en Málaga (Pedro Ortega)

12M en Zaragoza, por Judith Prat

12M en Zaragoza (J. P.)

12M en Zaragoza (J. P.)

12M en Zaragoza (J. P.)

12M en Zaragoza (J. P.)

12M en Zaragoza (Judith Prat)

12M en Bruselas, por Santi Quiñones

Según policía y organizadores, unos mil ciudadanos se reunieron con motivo de la manifestación ‘Global change’ en Bruselas, entre los que se contaba una nutrida presencia de españoles del programa Erasmus. Entusiasmo sin agresividad por un lado, y buen humor y creatividad tanto en eslóganes como en atuendos por otro, caracterizaron una marcha que atravesó todo el centro de la ciudad, desde la Gare du Nord hasta la Porte de Hal, cerca del barrio ‘español’ de Saint Gilles, donde se organizaron “asambleas populares temáticas” coronadas con un picnic colectivo (en francés, un ‘auberge espagnole’).

“No es que hayamos vuelto: es que nunca nos fuimos. Somos el 99%” era el lema de la pancarta de cabecera, que trazó un largo recorrido de seis horas por lugares simbólicos como el World Trade Center bruselense, la sede central del banco francobelga Belfius (hasta ahora conocido como Dexia), la Banque Nationale de Belgique y el monumental Palais de Justice, lugares en los que la marcha se detuvo para realizar protestas corear reivindicaciones a favor de una democracia más cercana. Si bien se sumaron a la manifestación varios partidos de la extrema izquierda extraparlamentaria, y tampoco faltó una delegación del Partido Pirata, en general el tono fue reivindicativo y apasionado, pero más lúdico que ideológico.

La asistencia a la convocatoria fue valorada muy positivamente por los convocantes, considerando que al mismo tiempo tenían lugar en Bruselas la jornada de puertas abiertas de todas las instituciones europeas y el llamativo ‘Belgian Pride’, multitudinaria marcha de los homosexuales a la que asistió el propio primer ministro belga, el socialista Elio di Rupo.

Un manifestante belga bajo un momumento bolivariano que acaba de instalar la embajada venezolana (S. Q.)

Cientos de policías desalojan por la fuerza a cientos de manifestantes #15m de Sol. Y obligan a salir a empujones a todos los periodistas (Javier Bauluz)

Durante el desalojo del #15M de Sol (Alberto Sicilia)

La Puerta del Sol el 12M (Paul White / AP)

Madrid, por Alberto Senante y Javier Bauluz

El grito silencioso de medianoche del 15M

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Noche en Sol #12M

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Sin escuela pública muchos no habríamos puesto acentos en esta frase" Sol (Alberto Senante)

Despliegan enorme pancarta sobre "El #15M avanza" mientras miles de personas están sentadas en #Sol (Alberto Senante)

Madrid 12M (Javier Bauluz)

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Madrid, 12M (Javier Bauluz)

Puerta del Sol, Madrid (Javier Bauluz)

Madrid 12M (Javier Bauluz)

Puerta del Sol en el 12M (Alberto Senante)

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Asamblea del 12M en Barcelona

Plaça Catalunya en Barcelona, por People witness

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Marcha Este de Madrid (Alberto Senante)

12M en Barcelona (Samuel Rodríguez)

12M en Barcelona (S. R.)

Manifestación en Barcelona (S. R.)

Pancarta por la educación pública (S. R)

Un grupo de ciudadanos decide acampar en Sevilla sin tiendas de campaña (Rocío Muñoz)

Manifestacion #12M en Málaga (Pedro Ortega)

12M en Zaragoza, por Judith Prat

12M en Zaragoza (J. P.)

12M en Zaragoza (J. P.)

12M en Zaragoza (J. P.)

12M en Zaragoza (J. P.)

12M en Zaragoza (Judith Prat)

“Tengo una gran fe en la justicia internacional, la impunidad ya no será una opción para los poderosos”

Diseño: UNOCOMUNICACIÓN

Suiza, 1947. Estudió Derecho y empezó su carrera de abogada en un bufete matrimonialista. Después ejerció de magistrada, y más tarde fue fiscal y fiscal general de Suiza. Junto al juez italiano Giovanni Falcone destapó la denominada pizza connection, la relación entre el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero en bancos suizos. En 1999 fue nombrada por la ONU fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional de Ruanda y del de la Antigua Yugoslavia, desde donde persiguió a los criminales de guerra durante ocho años. Cambió la toga por la diplomacia y ahora es la embajadora de Suiza en Argentina.

De pequeña a Carla Del Ponte le gustaba ir a cazar serpientes con sus hermanos, víboras y otras culebras venenosas que después vendían a un laboratorio. El ser la única niña de cuatro hijos la obligó a luchar por ganarse un hueco dentro de los juegos de sus hermanos y por que ellos la aceptaran como a una igual. Ya de adulta, le esperaba otro tipo de caza casi tan peligrosa como la de las víboras: la de mafiosos, genocidas y criminales de guerra.

Aunque procedía de una familia acomodada, Carla Del Ponte tuvo que convencer a su padre para ir a la Universidad. Era una pérdida de tiempo y de dinero que su hija estudiase para terminar casándose y dedicarse a la familia. Su primer trabajo fue como abogada matrimonialista. Pero lo suyo no era defender. Le gustaba buscar la verdad. Como abogada no se sentía muy a gusto con su conciencia, pero en cuanto pasó a ser fiscal encontró su vocación y ya no paró.

En su persecución de la delincuencia se ha ganado todo tipo de apelativos. Ha sido “la nueva Gestapo” para los serbios, “la puta” para la mafia y un “misil sin guía” para los financieros suizos. Unos apelativos que explican hasta qué punto esta mujer ha irritado a los criminales que ha perseguido.

Su amigo y mentor, el juez italiano Giovanni Falcone, la definió como la “personificación de la testarudez”. Sólo una vez estuvo tentada de abandonarlo todo: precisamente cuando la mafia mató a Falcone, con quien había pasado muchas horas de trabajo para desentrañar las relaciones entre los traficantes de droga italianos y los bancos suizos que blanqueaban su dinero. “En aquel momento me di cuenta de la suerte que podían correr los que se atreviesen a luchar contra la impunidad de que gozan poderosos criminales y políticos y me dio miedo por mi hijo”, cuenta Carla Del Ponte. Falcone no se había rendido y ella decidió seguir investigando las cuentas de los mafiosos.

Desde su puesto de Fiscal General de Suiza se dedicó a combatir el blanqueo de dinero del crimen organizado y de los grandes delincuentes en los bancos suizos. Consiguió que el Parlamento aprobara una ley que convertía en delito el blanqueo de dinero y que castigaba a los banqueros que hicieran la vista gorda. Y con esa ley en la mano congeló las cuentas de personajes poderosos como Raúl Salinas, hermano del ex presidente de México Carlos Salinas de Gortari, que guardaba dinero procedente de la droga, o de la que fuera primera ministra de Pakistán, Benazir Bhutto, acusada en su país de corrupción. Carla dejó claro que no se casaba con los poderosos y que llevaba sus investigaciones hasta el final porque para ella la ley y la justicia eran una prioridad. En una ocasión le había contado a un periodista que le gustaría ser fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, pero cuando en el verano de 1999 recibió la llamada del Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, para que fuera a Nueva York, Carla Del Ponte no interrumpió sus vacaciones. No confiaba en que fuera a ser la elegida cuando su país no pertenecía ni a Naciones Unidas, ni a la OTAN, ni a la Unión Europea. Pero se equivocó y poco después se convertía en la fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, para lo que sólo puso una condición: la independencia absoluta de la Fiscalía.

Su objetivo era “atrapar” a los responsables de las más terribles operaciones de limpieza étnica durante las guerras en la ex Yugoslavia, Sarajevo, Kosovo y, sobre todo, Srebrenica, donde los serbobosnios asesinaron a 7.500 musulmanes en lo que constituye la mayor matanza cometida en Europa tras la II Guerra Mundial. Y en lo alto de la pirámide, se encontraban tres nombres: Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic y Ratko Mladic.

Sabía que no era una tarea fácil porque por medio estaban los intereses políticos. De hecho, Milosevic seguía en el poder en Serbia. “No había ninguna voluntad política ni en la comunidad internacional ni en el ámbito nacional de arrestar a Mladic y a Karadizic. Además hay que considerar que una parte de la sociedad les considera héroes y a los héroes no se les arresta”. Incluso llegó a criticar en público al Secretario General de la OTAN, George Roberston, por permitir que algunos personajes camparan a sus anchas por las zonas que controlaba la Alianza. Cuando al principio Del Ponte pedía la colaboración de la OTAN todo eran buenas palabras pero en realidad se encontraba con lo que ella llamaba “il muro di gomma”: los responsables de la Alianza no iban a hacer nada pero no lo parecía.

Pero ella seguía insistiendo. Sólo un año después de haber ocupado su cargo, consiguió arrestar y llevar a juicio a Slobodan Milosevic. Fue la primera vez en la historia que un Jefe de Estado fue acusado y juzgado por crímenes de guerra. Este juicio, dijo Del Ponte, es la demostración de que nadie está por encima de la ley o más allá del alcance de la justicia. “Quizá sea la primera vez que realmente siento que estoy haciendo algo constructivo por la sociedad. Podría llegar a ser posible acabar con la impunidad de los poderosos”. Carla está comprometida, además de con la justicia, con las víctimas. “Es una de mis mayores motivaciones”. Quería que se supiera la verdad para poder reparar en parte el daño que estas habían sufrido.

En sus ocho años al frente de la fiscalía del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia arrestó a 91 fugitivos y procesó y condenó a 48 de ellos. Pero no terminó satisfecha. De su lista no pudo tachar los nombres de los dos criminales más sangrientos, Karadzic y Mladic, y el tercero, Milosevic, murió antes de oír su sentencia.

Ahora vive como embajadora suiza en el país de las Madres de la Plaza de Mayo, que, como ella, han luchado por la verdad y por que se hiciera justicia. Pero, como ya dijo cuando abandonó La Haya: “Me voy a tomar una pausa de tres años para estar de nuevo lista y volver a la justicia internacional”.